San Diego enfrenta una significativa crisis humanitaria debido al aumento del flujo migratorio y la escasez de recursos para atender a los recién llegados. La ciudad, ubicada junto al punto fronterizo de San Ysidro —uno de los más transitados del mundo— se ha convertido en epicentro de un fenómeno migratorio que no solo involucra a personas de América Latina, sino también a migrantes provenientes de Asia, África y el Caribe.
Liberaciones masivas y retos sociales
Cada día, entre 500 y 700 inmigrantes son liberados en San Ysidro tras ser procesados en centros de detención. Muchos de ellos llegan en autobuses abarrotados, con hasta 50 personas por vehículo, luego de haber pasado días o incluso semanas en condiciones adversas en centros de retención. Estas liberaciones se dan como parte del proceso de remoción migratoria iniciado por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), el cual puede extenderse durante años.
Mientras esperan una resolución, estas personas deben enfrentar un limbo legal y social. La mayoría no tiene un lugar al que llegar, carecen de recursos económicos y enfrentan barreras lingüísticas y culturales. Algunos cuentan con familiares o patrocinadores en otras ciudades de Estados Unidos, pero muchos no tienen ningún tipo de red de apoyo. Esto los expone a riesgos de explotación, tráfico humano y condiciones de calle.
Organizaciones comunitarias han reportado un aumento en la llegada de personas con necesidades especiales, como mujeres embarazadas, menores no acompañados, personas con discapacidades y adultos mayores. En la práctica, estas poblaciones requieren atención médica inmediata, alimentación especial y espacios seguros, algo que se vuelve cada vez más difícil de garantizar con los recursos actuales.
Colapso de servicios y falta de fondos
En 2023, el condado de San Diego recibió 6 millones de dólares en fondos federales para asistencia migratoria, que permitieron la operación de un centro de bienvenida donde se apoyó a 81,000 inmigrantes con alimentos, albergue temporal, atención médica básica y orientación legal. Sin embargo, estos fondos se agotaron a principios de 2024, lo que ha llevado al cierre de algunos centros y a la reducción drástica de los servicios ofrecidos.
Esta situación ha dejado a muchos sin acceso a servicios esenciales, lo que agrava aún más la vulnerabilidad de estas comunidades.
Actualmente, muchas organizaciones dependen exclusivamente de donaciones y del esfuerzo de voluntarios para continuar operando. Las listas de espera crecen, y cada día más personas se quedan sin acceso a refugio o asistencia básica. Al mismo tiempo, el número de llegadas no disminuye, lo que está llevando a una saturación de la capacidad de respuesta humanitaria.
Repercusiones de la crisis humanitaria en la comunidad local
La presión también recae sobre la comunidad local. Hospitales, albergues y organizaciones sin fines de lucro reportan una sobrecarga en sus operaciones. Algunas clínicas han comenzado a rechazar nuevos casos por falta de capacidad. Escuelas y servicios sociales también están viendo un aumento en la demanda de atención, particularmente para niños migrantes que han sido inscritos en el sistema educativo sin un historial médico o académico claro.
Además, la incertidumbre legal a la que se enfrentan los migrantes impacta en su salud mental. Muchas personas viven con miedo constante de ser deportadas, de no poder trabajar legalmente, o de ser separadas de sus seres queridos.
Una solución estructural e integral
Frente a este panorama, expertos y defensores de los derechos humanos coinciden en que se necesita una estrategia más amplia y coordinada. No se trata solo de atender las consecuencias inmediatas del flujo migratorio, sino de abordar sus causas de raíz: violencia, inseguridad, pobreza, desastres climáticos y corrupción en los países de origen.
También es fundamental que el gobierno federal asuma un papel más activo en el apoyo a ciudades fronterizas como San Diego, que están soportando una carga desproporcionada en esta crisis humanitaria. Se requieren más fondos, mayor presencia de agencias federales de asistencia y colaboración efectiva entre niveles de gobierno.
San Diego se encuentra en un punto crítico. La crisis migratoria no es solo un desafío logístico, sino una cuestión humanitaria que pone a prueba la capacidad del país para responder con dignidad, solidaridad y justicia.